Una legislación presentada por el Presidente del Senado, Steve Sweeney y el Senador Steve Oroho, que permite a las entidades gubernamentales celebrar acuerdos de asociación público-privada con entidades privadas para emprender proyectos de infraestructura de construcción y carreteras, fue promulgado hoy por el gobernador Phil Murphy.

“Tenemos que maximizar el impacto de los recursos públicos y privados para crear empleos y para generar crecimiento económico”, dijo el Senador Sweeney (D-Gloucester/Salem/ Cumberland). “Las alianzas público-privadas son una forma innovadora de permitir que una mayor variedad de entidades involucren al sector privado para ayudar a adelantar proyectos críticos de instalaciones e infraestructura. Esta es una forma de empoderar al sector privado para que podamos abordar los problemas de infraestructura de nuestro estado y garantizar que estos proyectos sea completados de una manera estructurada, oportuna y costo efectiva”.

La ley, S-865, prevé que la la Autoridad de Desarrollo Económico de Nueva Jersey supervise estos acuerdos.

“Las alianzas público-privadas allanarán el camino para una infraestructura innovadora y sostenible en Nueva Jersey”, dijo el Senador Oroho (R-Sussex/Warren/Morris). “Los gobiernos a nivel local, de los condados y a nivel estatal, deberían tener flexibilidad para financiar sus necesidades de capital con la debida supervisión. Estas asociaciones son una forma importante de estirar los escasos fondos públicos para que se completen los proyectos necesarios que beneficiarán a nuestros residentes y crearán empleos y crecimiento económico”.

Específicamente, la ley permite a una entidad gubernamental celebrar un acuerdo de asociación público-privada bajo el cual la entidad privada asume la responsabilidad final y administrativa del desarrollo, construcción, reconstrucción, reparación, alteración, mejora, extensión, operación y mantenimiento de un proyecto de o en beneficio de la entidad gubernamental, siempre que el proyecto sea financiado en su totalidad o en parte por la entidad privada.

Según la ley vigente, una universidad estatal o una universidad de algún condado ya tiene autorización para celebrar acuerdos de asociación público-privada. La nueva ley permite que las unidades del gobierno local, los distritos escolares y las entidades del gobierno estatal sean elegibles para hacerlo también.